¿Puede la Policía Nacional entrar donde sea y después convalidar?

No.

La Policía sí necesita una orden Judicial para allanar una vivienda o incluso un sitio público, de lo contrario comete un Delito y una violación a Derechos Fundamentales; sin embargo, como veremos, existen 05 excepciones bien definidas por las cuáles la Policía sí puede entrar a una “morada” sin orden judicial previa, aunque sí necesite una convalidación de ese acto por una autoridad competente.

El allanamiento ilegal de morada está regulado como un delito en el artículo 201 del Código Penal nicaragüense, y establece una pena máxima de 05 años de cárcel para aquel que incurra en él, incluso cualquier funcionario. Además se encuentra regulado en el artículo 26 de la Constitución Política, es un Derecho Fundamental.

El asunto del allanamiento u “orden de cateo” como algunos le llaman y que a menudo escuchamos en los medios de comunicación, tiene una gran importancia porque se refiere a la protección de esa esfera íntima en la que cada individuo puede desarrollar lo más privado de sus actividades, piénsese por ejemplo ¿Qué pasaría si la privacidad del domicilio pudiera ser afectada cada vez que la autoridad quisiera? Si esto fuera así, la seguridad de contar con un espacio de protección inviolable desaparecería, y consigo la posibilidad de desarrollar una vida plena en familia o de la forma que eligiésemos, nuestra vida privada estaría al asecho de cualquier perturbación arbitraria.

La inviolabilidad del domicilio está reconocido como un Derecho Humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos al establecer en el artículo 12 que:

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”

Esta misma regulación se encuentra en instrumentos internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, qué es un instrumento vinculante (Que obliga a Nicaragua a cumplirlo) en su artículo 11.

Nuestra Constitución establece básicamente lo mismo en el artículo 26, sin embargo establece de forma taxativa las ÚNICAS excepciones por las que se puede realizar un allanamiento sin orden judicial, y estas son:

a) Si los que habitaren en una casa manifestaren que allí se está cometiendo un delito o de ella se pidiera auxilio;

b) Si por incendio, inundación u otra causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o de la propiedad;

c) Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas en una morada, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito; (Un indicio manifiesto significa que por sentido común, cualquier persona puede deducir que ante una circunstancia determinada nos podemos encontrar frente a un acto delictivo, por ejemplo, si vemos que un desconocido entra a la casa de un vecino con un arma y amenaza con disparar, estaremos ante un indicio claramente manifiesto de la posible comisión de un delito)

d) En caso de persecución actual e inmediata de un delincuente; (Actual e inmediata, implica que exista flagrancia, es decir que la persona haya sido encontrada cometiendo el delito y se de a la fuga. Solo en esa circunstancia, en persecución actual e inmediata (a la comisión del delito) la Policía puede allanar una morada)

e) Para rescatar a la persona que sufra secuestro.

Solo los eventos descritos anteriormente pueden dar origen a una entrada sin orden judicial de la Policía Nacional a cualquier recinto, ya sea público o privado, de lo contrario se cometería una grave violación a normas constitucionales y la comisión de un delito. Esta excepciones son la únicas causas a las que se refiere la urgencia del artículo 246 del Código Procesal Penal nicaragüense.

Pero… ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Por qué existen denuncias frecuentes de allanamientos de forma arbitraria?

La respuesta se encuentra en la confusión mal intencionada que algunos agentes de Policía y parte del sistema judicial han hecho del artículo 246 del Código Procesal Penal de Nicaragua, que establece en su segundo párrafo  En caso de urgencia se practicará el acto (De investigación, allanamiento) sin previa autorización, pero su validez quedará supeditada a la convalidación del juez, la que será solicitada dentro de un plazo de veinticuatro horas” Esta disposición ha sido la justificación de la Policía para incluso afirmar “La Policía entra donde sea y después convalida”.  Ver video de Comisionado de la Policía Nacional

La interpretación de la Policía Nacional, y de alguna parte del sistema judicial que la convalida es errónea. El artículo 246 debe leerse enteramente, este establece en su primer párrafo que “Para efectuar actos de investigación que puedan afectar derechos consagrados en la Constitución Política cuya limitación sea permitida por ella misma, se requerirá autorización judicial debidamente motivada por cualquier Juez de Distrito de lo Penal con competencia por razón del territorio. Esta disposición es clara al establecer que para afectar derechos consagrados en la Constitución, o sea, como la inviolabilidad del domicilio, y cuya limitación la misma Constitución permita, es decir, las excepciones que ya hemos abordado, se necesita una orden judicial. Luego el segundo párrafo, establece la posibilidad de realizar el acto (allanamiento) con carácter de urgencia, pero esa urgencia debe estar basada en las excepciones (ya dijimos que el párrafo anterior habla de las limitaciones que ella misma permita) que la Constitución establece.

El artículo 246 del CPP más bien refuerza la disposición constitucional porque reconoce que solo aquellas afectaciones que la misma Constitución permita pueden realizarse, y si se llevaren a cabo deben realizarse con autorización judicial. La urgencia de que habla el segundo párrafo del artículo 246 no se refiere a cualquier atraso o circunstancia que la Policía crea que le imposibilita obtener una orden de allanamiento, esta urgencia debe caber en las únicas excepciones que la Constitución  permite.

La práctica en Nicaragua indica que no solo se están realizando allanamientos sin autorización judicial, sino que al momento de tratar de convalidarlos (basados en el ya referido 246CPP) lo hacen sin referir a cuál excepción de la Constitución se refieren para haber realizado una afectación a Derechos Constitucionales (Lo que también causa falta de motivación) y lo que es aún más preocupante e que los jueces, de quienes se espera ejerzan un control de legalidad y constitucionalidad, están admitiendo cualquier allanamiento que haya sido realizado sin cumplir con el estándar constitucional, casi como reafirmando la conocida máxima de “El fin justifica los medios”.

En días recientes, tuve la oportunidad de escuchar al Procurador Auxiliar del departamento de Boaco Jairo Cruz Romero,  justificar un allanamiento por una razón distinta a la establecidad en la constitución. Escuche aquí  la justificación dada en una audiencia pública: 

Esta situación es preocupante, y tiene tal repercusión que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en varios casos,  así por ejemplo en sentencia número 24 del año 2006, estableció en su Considerando II que “ Sorprende y preocupa gravemente la malhadada y algo difundida práctica de allanamientos contrarios a la Constitución, porque se realizan sin autorización judicial, que se pretende absurdamente convalidar con errónea aplicación del artículo 246, II CPP, aduciendo razones de urgencia distintas de las expresamente previstas en el texto constitucional, y que, aunque la restricción constitucional no existiera, serían a todas luces dudosas ya que nada impide a la Policía el discreto resguardo de una morada (Puntos fimos en el lenguaje policial) mientras se obtiene la autorización del juez

Interpretar como urgencia cualquier causa que a la Policía se le ocurra sería contradecir la Supremacía que la Constitución establece; y es que no hay justificación, las leyes en materia de narcoactividad establecen que la Policía puede solicitar una orden de allanamiento y el juez deberá decretarla en el plazo de una hora, esa es la forma correcta de proceder si nos encontrásemos frente a una situación de narcotráfico, no allanando y después intentando convalidar.

Debemos tener siempre en cuenta que por regla general la Policía debe presentar una orden de allanamiento, como ciudadanos debemos exigirla. Ante la negativa de ésta y la imposición de la fuerza, se deben agotar las vías legales disponibles, tales como recursos de amparo, incidentes de nulidad, acusaciones, y si la violación a este derecho humano persiste, aún podemos agotar las vías internacionales.

Heberto J. Mejía García

Mejía & Mazier Legal Group

Managua 27 de Septiembre de 2016

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