El principio de legalidad y la Administración Pública

La concepción actual del sistema jurídico está liderada por el principio de legalidad, es por ello que la actuación de los poderes del estado se encuentra supeditada a la habilitación previa por una norma jurídica, “Ya no se admiten poderes personales como tales, […] todo el poder es de la ley, toda autoridad que puede ejercitarse es la propia de la ley” (Garcia de Enterria & Fernandez, 2008, pág. 415).

La Administración Pública —como parte de la actividad estatal— no escapa de esta concepción, su actuación no debe romper con el trazado normativo, ya que de exceder los límites fijados por dicho trazado su actuación se torna ilegitima. “Es decir que la legalidad significa conformidad con el Derecho y es sinónimo de regularidad jurídica” (Escorcia, 2009, pág. 124). En Nicaragua esta concepción del Derecho es visible en la Constitución Política en su artículo 130, que dice: “Ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que aquellas atribuidas por la Constitución y las leyes. Todo funcionario público actuara en estricto respeto a los principios de constitucionalidad y legalidad”, y de manera más especifica el articulo 131 reza: “La Administración Pública centralizada, descentralizada o desconcentrada sirve con objetividad a los intereses generales y está sujeta en sus actuaciones a los principios de legalidad […] “.

EL ÁMBITO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SU CONSTRUCCIÓN TECNICA

Si estudiamos el principio de legalidad identificándolo únicamente con la ley formal —dejando a un lado otras normas jurídicas como los reglamentos— se contradeciría la unidad que presenta el ordenamiento jurídico.

Es más acertado abordar el principio de legalidad de la Administración Pública desde una perspectiva amplia en donde el principio aludido englobe al ordenamiento jurídico en su conjunto, esto incluirá a las demás normas —como son los reglamentos—, además, se tomarán en cuenta los principios generales, al ser estos vitales para el ordenamiento jurídico. “A lo que Hauriou llamaba ‘el bloque de la legalidad’ (leyes, reglamentos, principios generales, costumbres) (Garcia de Enterria & Fernandez, 2008, pág. 417).

Esta perspectiva nos proporciona un entendimiento completo acerca de las habilitaciones y condicionamientos que recibe la Administración en el desarrollo de su actividad. Por ejemplo, si en materia hídrica nos acercásemos al principio de legalidad en el sentido estricto de legalidad referida a la ley formal, esto seguramente no nos permitirá comprender los límites y habilitaciones que poseen los órganos administrativos relacionados con esta materia; la Autoridad Nacional del Agua (ANA) obtiene competencias de la Ley No. 620 “Ley General de Aguas Nacionales”, sin embargo, para comprender bien la actividad administrativa realizada por este ente es preciso que tomemos en cuenta la norma reglamentaria de la ley mencionada (Decreto No. 106-2007), solo de esta manera podremos saber cuándo este órgano administrativo opera dentro o fuera de las paredes impuestas por el ordenamiento jurídico.

Odair M. Morales Márquez

Mejía & Mazier Legal Group

Managua 06 de Agosto de 2016

 

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